CONMEMORACION DE LOS 100 AÑOS DEL NATALICIO DE

SALVADOR ALLENDE

“La tierra para quien la trabaja”

La Reforma Agraria en Chile

A pocos días del 28 de julio del año 2008, cuando se cumplirán 41 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en Chile, se hace necesario tener una mirada crítica de este proceso histórico y fundamental para el campesinado chileno, la que cambió la estructura de la propiedad de la tierra y sobre todo para hacer el análisis y la acción social y política de hoy; cuando se produce nuevamente el complejo problema de la reconcentración de la tierra y el agua en muy pocas manos, obviamente producto de la implementación del modelo económico capitalista de corte neoliberal.

Primeramente, señalar que en el contexto histórico antes del proceso de Reforma Agraria en Chile existía el latifundio improductivo cuyas relaciones de producción capitalista eran decadentes e imperaba en el campo un claro sometimiento de los campesinos y de los trabajadores rurales, principalmente sometidos al inquilinaje, sistema en el que no tenían derechos sociales, laborales y menos políticos porque estaban impedidos de ejercerlo libremente porque de parte de los latifundistas se usó la herramienta del cohecho para dominar en los gobiernos y tener todo el poder en el parlamento.

En el año 1955, de las 345.000 familias que vivían en el campo, la mitad no tenía tierras y 10.000 grandes propiedades poseían y concentraban el 80% de toda tierra cultivable, de las cuales su características principales es que eran de tipo extensivos y con muy baja capitalización.

En la década de los 60 del siglo XX, la presión de los campesinos y de los partidos políticos de izquierda y por los cambios que se sucedían en el contexto internacional de la época, particularmente en América Latina, como el triunfo de la Revolución Cubana y las maniobras imperialistas de EEUU para frenar el proceso emancipador y revolucionario, implementando la Alianza para el Progreso, hicieron que en Chile se dictara en el año 1962, la primera Ley de Reforma Agraria, denominada “Ley de los Maceteros”, bajo el gobierno del derechista y defensor del gran empresariado Jorge Alessandri, esta ley que por supuesto no satisfizo en nada a las aspiraciones de cambios estructurales y de fondo que se requerían para que la agricultura chilena tuviera protagonismo y aportara a la economía nacional.

En el año 1967, después de un arduo debate y por acuerdo casi unánime en el parlamento se dicta la Ley 16.640 de Reforma Agraria la que tenía algunos principios fundamentales como limitar el derecho de propiedad de la tierra hasta 80 hectáreas de riego básico, declara expropiables las tierras que estaban en manos de sociedades anónimas, así como todos los predios que estuvieran mal trabajados, también en aquellos predios donde el Estado construyera obras de riego; a fin de evitar que la plusvalía generada no quedara en los patrones y se repartiera socialmente, igualmente esta Ley establecía que la implementación de un nuevo sistema de riego, donde las aguas no fueran propiedad monopólíca de los patrones, sino que era un derecho a uso como bien nacional y en beneficio de los campesinos porque si había excedentes de aguas podía ser transferidas a ellos.

Esta Ley durante el período de su aplicación y mediante el funcionamiento del organismo estatal, la Corporación de Reforma Agraria, CORA, duró un poco más de 6 años, que al final de los cuales se logró que se expropiaran 9.965.000 hectáreas y que se transfirieron a los campesinos bajo distintas formas de propiedad y tipos de explotación como los asentamientos campesinos, cooperativas campesinas de reforma agraria, los centros de producción, CEPROS y los centros de reforma agraria, CERAS, en los cuales se beneficiaron directamente 80.000 familias campesinas. Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP logró organizar a 100.000 pequeños productores en comités de agricultores, a través de los cuales se les brindaba asistencia técnica, crediticia y comercial.

La Reforma Agraria se aplicó durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalvo y Salvador Allende, en los cuales se promulgaron otras leyes como la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina que permitió que al golpe militar de septiembre de 1973, existieran 313.617 campesinos organizados en sindicatos comunales, en federaciones provinciales o regionales y en 4 grandes confederaciones campesinas e indígenas de carácter nacional, entre ellas la Confederación Campesina e Indígenas Ranquil, con el mayor números de socios con 132.294 afiliados.

Durante el corto periodo de gobierno de la Unidad Popular , solamente 34 meses, encabezado por presidente Salvador Allende, se profundizó el Proceso de Agraria; llegándose a expropiar 4.490 predios con un total de 6.600.000 hectáreas , la producción agrícola alcanzó un 6,6%, se crearon los Consejos Comunales de Campesinos con el objetivo de otorgar poder y representatividad a las organizaciones campesinas ante el Estado y el resto de la sociedad.

También con gran esfuerzo a comienzos del año 1971, se logró trasladar el Ministerio de Agricultura a Temuco para resolver el problema de las comunidades mapuches, porque no estaban contempladas en la Ley de Reforma Agraria, con lo cual se logró que varios miles de hectáreas de las tierras del territorio mapuche se restituyeran a las comunidades, se coordinaron los distintos servicios públicos como la CORA , el INDAP, el SAG, el Banco del Estado, la CORFO y obras públicas en los Comités Regionales del sector agrario.

Se logró organizar un sistema de producción y de consumo de los productos agropecuarios para enfrentar la ofensiva brutal y desestabilizadora de la burguesía y la oligarquía agraria, tarea central que enfrentaron la CORA y las organizaciones campesinas que apoyaban el proceso de transformación social y política llevada a cabo por la Unidad Popular , en lo que de denominó La Batalla de la Producción.

Pero, como de todos es sabido el 11 de septiembre de 1973. se produjo el golpe militar; con esto se detiene bruscamente el Proceso de Reforma Agraria, iniciándose de inmediato la persecución, la encarcelación y la muerte de dirigentes campesinos, de profesionales comprometidos con las políticas agrícolas del Gobierno Popular, se intervinieron y se cerraron las oficinas y reparticiones públicas relacionadas con el desarrollo agropecuario, así comienza la contra reforma agraria cuyos costos políticos, sociales y económicos hasta hoy los campesinos siguen pagando.

De los casi 10.000.000 de hectáreas expropiadas se revocaron 4,5 millones las que se sumaron a las tierras transferidas a organismos públicos y a las fuerzas armadas, se devolvieron a los antiguos terratenientes 2.800.000 hectáreas correspondiendo a un 28% de las expropiaciones lo que significó que más del 60% de las tierras expropiadas no fueron entregadas a los campesinos, las tierras restantes fueron entregadas a campesinos, excluyendo y expulsando de los asentamientos a la mayoría de los dirigentes, se suspendió el funcionamiento de las organizaciones campesinas, entre los cuales se repartieron 3.300.0000 hectáreas, correspondiendo al 33% del total de toda la superficie de tierras expropiadas, las que entregaron a asignatarios de tierras de la Reforma Agraria en 48.000 parcelas individuales en todo el país.

En el marco de la implantación del modelo neoliberal por la dictadura se creó el mercado de tierras, dando paso a grandes propietarios de tierra y a la agricultura dedicada a la agroexportación. Por otra parte, por decretos dictados en los años 1978 y 1979 se disolvieron las confederaciones sindicales campesinas de izquierda y las comunidades mapuches, quedando todo el campesinado, los trabajadores y la trabajadoras asalariados agrícolas y las comunidades de nuestros pueblos originarios desprotegidos e indefensos, porque las organizaciones y sus dirigentes, pasaron a la semi o la total clandestinidad.

Los problemas y las consecuencias del proceso de contra reforma agraria generó la empresarización en el campo generando un progresivo aumento de la fuerza de trabajo estacional concentrados en los sectores frutícolas, forestal y de la remolacha, creando la relación de trabajo temporal, mas conocidos como temporeros, especialmente mujeres y jóvenes, que se desenvuelven laboralmente en ambientes individualistas, con una gran flexibilidad laboral, que reciben remuneraciones insuficientes, tienen condiciones extremas de trabajo con altamente tóxicas, no tienen cobertura social y provisional y no se les permite la negociación colectiva y no participan activamente en sindicatos.

El campesinado en forma significativa ha abandonado el campo y los medios tradicionales que vivía para someterse a un modo capitalista de relaciones sociales y laborales en las ciudades o trabajando en las agroindustrias, cabe mencionar que en 1960, el 68% de la población nacional vivía en el campo, pero hoy, según el último censo de población y vivienda, en las ciudades vive el 86,7 de los habitantes.

En términos de la propiedad de los grandes predios agrícolas, de la propiedad de las aguas para el riego, las agroindustrias, de las tierras con aptitud forestal se ha concentrado substancialmente en las manos de grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

Lo anterior indica que hoy estamos frente a una nueva y peligrosa RECONCENTARCION DE LA TIERRA AGRICOLA , con una ampliación de la superficie de explotaciones, esto ha sido dirigido políticamente por los gobiernos que han sucedido a la dictadura militar, ellos han puesto en menos manos más tierras, consolidando y agudizando el proceso de contra reforma agraria, que se realizado a costa de los campesinos y de los medianos propietarios agrícolas que no tienen funciones monopólicas y que por consiguiente no son grandes capitalistas. Podemos afirmar que según los datos y estadísticas del 7ª Censo agrario y forestal. Realizado en el año 2007, que el promedio de las grandes superficies y de los propiedad de grandes capitalistas es de 14.930 hectáreas , todos pertenecientes a la Sociedad Nacional de Agricultura; SNA, a la Corporación de la Madera , CORMA o de FEDEFRUTA.

En la conmemoración de los 100 años del natalicio del compañero presidente Salvador Allende, afirman las organizaciones campesinas de clase que la REFORMA AGRARIA EN CHILE ES UN PROCESO SOCIAL Y POLITICO QUE ESTA INCONCLUSO y que solo la movilización y la lucha por el cambio del sistema capitalista permitirá que la tierra y todos los demás recursos naturales generen las ganancias para que exista la justicia social y se logren los beneficios para el conjunto de la sociedad chilena.

Germán Rodríguez Campos Asesor Técnico Confederación Campesina Ranquil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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